La privatización del agua

Hasta hace 20 años, el servicio de agua se prestaba en Colombia en dos formas de acuerdo con el tamaño del municipio: en las ciudades grandes e intermedias, mediante empresas públicas municipales, y en el resto del país, por medio de entidades descentralizadas de orden nacional, como el Instituto Nacional de Fomento Municipal 'Insfopal' o el Instituto Nacional de Salud, coordinador del Programa de saneamiento básico rural. Fue entonces cuando con el decreto ley 77 de 1987 (en el marco de descentralización que vivía el país) se liquidaron el Insfopal y el programa mencionado, a la vez que se trasladó al municipio la responsabilidad de prestar directamente el servicio.

Comenzó en esos momentos la llamada 'primera generación' de privatizaciones en el sector del agua.

Esto se refiere al grupo de municipios que fueron pioneros en privatizar la gestión: Montería, Barranquilla, Santa Marta y Florencia. Allí se crearon empresas mixtas entre el municipio y diversos empresarios, como socios. Estos accionistas privados eran pequeños y medianos inversionistas locales. El resultado de esta mezcla fue negativo, hubo problemas políticos y mala gestión.

En 1991, la nueva Carta constitucional del país ratificó el proceso de descentralización y separó las actividades de prestación de servicios, de las acciones de regulación y control. Las primeras quedaron en manos de los municipios y las segundas en las del gobierno central.
Tres años después, la ley 142 impulsó el nuevo marco legal y desarrolló los fundamentos para promover la participación del sector privado y la competencia en la prestación de los servicios.

/// Gran parte de esta información se encuentra contenida en el Conpes 3253 de noviembre de 2003.

La participación de las empresas mixtas de agua en las ciudades principales de la Costa Atlántica puede analizarse y valorarse de diversas maneras: por el rendimiento financiero de esas empresas, por la 'ampliación' y 'continuidad' del servicio de agua y saneamiento básico, por los balances que hacen las empresas en sus informes y páginas web, etcétera. Sin embargo, el contacto con la cotidianidad y las realidades de los más empobrecidos en los sectores populares y marginales de ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Montería o Cartagena incitan a evaluar la participación de estas empresas desde el enfoque de los afectados por la falta de acceso al agua y las irregularidades que se cometen en la prestación del servicio. Este aspecto está ausente en los informes de gestión que publican las empresas e instituciones como el Banco Mundial.

El nombre Triple A proviene de un conglomerado de empresas del sector del agua que opera en varios países de América Latina. La naturaleza de su objeto social se ha diversificado en muy corto tiempo y se han creado nuevas compañías, por ejemplo, Gestión Integral de Suministros (GIS), dedicada al suministro de materiales. El 78% de INASSA pertenece a Canal Extensia S.A., compañía española que se creó en 2001 para expandir al exterior las actividades de gestión del ciclo integral del agua de la empresa que es hoy su única accionista: Canal Isabel II. Pues bien, Canal Isabel II, curiosamente empresa pública, dependiente de la Comunidad de Madrid, participa en el mercado del agua en Colombia, a través de ese complejo entramado de empresas. Es relevante este hecho pues una empresa pública de otro país es la que actúa como privatizadora en el nuestro.

En Colombia, Inassa (Canal Extensia, es decir Isabel II) es propietaria del 60,4% del capital de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, S.A. E. S. P. (Triple A Barranquilla) y del 37,09% de la Compañía del Acueducto Metropolitano de Santa Marta, S.A. E. S. P. (Metroagua), en Santa Marta.

Metroagua se constituyó en 1989 como una empresa mixta regida por el derecho privado, después de que el Distrito decidiera privatizar la Empresa de Obras Sanitaria de Santa Marta S.A., Empomarta. Al principio, todos los accionistas privados eran colombianos, hasta que en octubre de 1997 entró Aguas de Barcelona como operador especializado (la misma empresa accionista de Aguas de Cartagena). En julio de 2000, ingresa como socio operador AAA Servicios S.A., empresa perteneciente al Grupo Empresarial Triple A, y en diciembre de 2001, Aguas de Barcelona vende sus participaciones a Canal Isabel II, actual poseedora indirecta del 29% de Metroagua.

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/// fragmentos tomados del documento: Agua y trasnacionales en la Costa Caribe. Laboratorio experimental del modelo privatizador en Colombia. Investigación de Danilo Urrea y Juana Camacho >> articulo completo aqui

Se pueden sacar varias conclusiones* generales en base a estos casos:

· La mayoría de los contratos privados, en especial los de arrendamiento y gestión, no contemplan ninguna intención de invertir por parte de la empresa privada para extender el servicio a viviendas que no tengan conexión con la red.

· Los contratos de concesión sí contemplan inversiones de empresas privadas para extender la red, pero los compromisos que se acuerdan al firmarse estos contratos suelen estar sujetos a revisión, abandonados u omitidos

· En la mayoría de los contratos de privatización, el financiamiento público y/o las garantías por parte de los gobiernos o los bancos de desarrollo tienen una importancia primordial para lograr que se hagan inversiones reales, sobre todo en lo que se refiere a la conexión de viviendas pobres con la red de suministro.

· Las empresas privadas de agua no aportan nuevos fondos ni fuentes de financiamiento para las inversiones: dependen fuertemente de las mismas fuentes de las que dispone el sector público.

Esta realidad desmiente uno de los mitos más importantes que existen en relación a la privatización del agua: la idea de que el financiamiento privado vaya a jugar un papel importante en la realización de los ODM en el campo del agua y alcantarillado. Por lo contrario, no lo ha hecho hasta ahora, y es poco probable que lo haga en el futuro. Todo lo contrario, como se ha demostrado en este informe, es evidente que durante los últimos 15 años, el énfasis que se ha puesto en el sector privado ha incidido en forma negativa en la realización de los ODM en el campo del agua y alcantarillado, con consecuencias muy significativas para las comunidades pobres de todo el mundo.

*Conclusiones del informe de la Internacional de Servicios Públicos y del Movimiento por el Desarrollo Mundial (WDM).

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/// tomado del documento: Espejismo en el agua. El fracaso de las inversiones privadas en servicios de agua de países en desarrollo. Por David Hall y Emanuele Lobina. >> documento completo aqui

/// tambien puede consultar: El comercio con los servicios y la privatización del agua. Tendencias globales. La apuesta de las empresas españolas en América Latina. por Tom Kucharz >> aqui