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La privatización del agua
Hasta hace 20 años, el servicio de agua se prestaba en Colombia en dos formas de acuerdo con el tamaño del municipio: en las ciudades grandes e intermedias, mediante empresas públicas municipales, y en el resto del país, por medio de entidades descentralizadas de orden nacional, como el Instituto Nacional de Fomento Municipal 'Insfopal' o el Instituto Nacional de Salud, coordinador del Programa de saneamiento básico rural. Fue entonces cuando con el decreto ley 77 de 1987 (en el marco de descentralización que vivía el país) se liquidaron el Insfopal y el programa mencionado, a la vez que se trasladó al municipio la responsabilidad de prestar directamente el servicio.
Comenzó en esos momentos la llamada 'primera generación' de privatizaciones en el sector del agua.
Esto se refiere al grupo de municipios que fueron pioneros en privatizar la gestión: Montería, Barranquilla, Santa Marta y Florencia. Allí se crearon empresas mixtas entre el municipio y diversos empresarios, como socios. Estos accionistas privados eran pequeños y medianos inversionistas locales. El resultado de esta mezcla fue negativo, hubo problemas políticos y mala gestión.
En 1991, la nueva Carta constitucional del país ratificó el proceso de descentralización y separó las actividades de prestación de servicios, de las acciones de regulación y control. Las primeras quedaron en manos de los municipios y las segundas en las del gobierno central. Tres años después, la ley 142 impulsó el nuevo marco legal y desarrolló los fundamentos para promover la participación del sector privado y la competencia en la prestación de los servicios.
/// Gran parte de esta información se encuentra contenida en el Conpes 3253 de noviembre de 2003.
La participación de las empresas mixtas de agua en las ciudades principales de la Costa Atlántica puede analizarse y valorarse de diversas maneras: por el rendimiento financiero de esas empresas, por la 'ampliación' y 'continuidad' del servicio de agua y saneamiento básico, por los balances que hacen las empresas en sus informes y páginas web, etcétera. Sin embargo, el contacto con la cotidianidad y las realidades de los más empobrecidos en los sectores populares y marginales de ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Montería o Cartagena incitan a evaluar la participación de estas empresas desde el enfoque de los afectados por la falta de acceso al agua y las irregularidades que se cometen en la prestación del servicio. Este aspecto está ausente en los informes de gestión que publican las empresas e instituciones como el Banco Mundial.
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Santa Marta como escenario del desplazamiento forzado
INTRODUCCIÓN
Santa Marta, capital del Departamento del Magdalena y ciudad turística por excelencia, se encuentra ubicada en una de las regiones en las cuales, como consecuencia de un intenso enfrentamiento entre grupos armados, el desplazamiento forzado ha sido de una gran magnitud. Ello ha convertido a la ciudad en gran receptora de población desplazada, al punto de ser en la actualidad la tercera del País con mayor número de desplazados, después de Bogotá y Medellín. Una de cada cinco personas que hoy habitan en la ciudad ha llegado a ella en los últimos ocho años desplazado por la violencia, procedente de alguna región del mismo departamento o de algún departamento vecino.
Por lo anterior, bien puede afirmarse que Santa Marta se encuentra inmersa en un proceso de reordenamiento social y demográfico forzado, sin claras perspectivas de éxito.
DINAMICA DEL DESPLAZAMIENTO
El año 1998 puede señalarse como el punto inicial de un proceso de desplazamiento masivo en el Departamento del Magdalena, que aún hoy no se ha detenido. Los efectos de dicho desplazamiento, sin embargo, sólo empezaron a evidenciarse en Santa Marta a partir del año 2000, en el cual las cifras empezaron a crecer de manera rápida. De 54 familias integradas por 265 personas, que se inscribieron en el registro único de población desplazada en el año 1999, se pasó a un número de 2.561 familias integradas por 11.173 personas, inscritas en el año 2000.1
Lo anterior indica que al iniciarse el año 2001 el fenómeno del desplazamiento forzado no sólo representaba, para el Distrito de Santa Marta, una situación novedosa, sino que se constituía en una preocupante realidad. A pesar de ello, las autoridades fueron expectantes, no dimensionaron el impacto que el desplazamiento forzado empezaba a tener sobre la Ciudad y el Distrito como receptores y no actuaron para conjurarlo. A partir de allí se inició un proceso de “desordenamiento” urbano y ambiental, toda vez que los cerros tutelares de la ciudad y las zonas periurbanas empezaron a poblarse indiscriminadamente, sin planificación, sin control. A finales de ese mismo año el número de familias desplazadas en la Ciudad era de 3.421 y el número de personas de 18.2332
A pesar del pronunciado crecimiento de la población desplazada durante el año 2001, no es nada comparable con el observado en el 2002. Éste fue el de mayor recepción de víctimas del desplazamiento forzoso que ha tenido el ente territorial en toda su historia; el crecimiento fue sencillamente dramático; el número de familias registradas durante el año estuvo muy cerca de las siete mil y el número de personas superó las treinta y tres mil, lo que indica que el número de desplazados llegados al Distrito durante ese solo año duplicó el número total de los llegados durante todos los años anteriores. A final de ese año el número de familias que se encontraba en Santa Marta viviendo en situación de desplazamiento superaba las diez mil y el número de personas era mayor a cincuenta mil.
Si bien durante los años posteriores al 2002 se siguió presentando desplazamiento, los índices, aunque muy controvertidos, han sido en todo caso menores que los registrados en ese año.
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Colombia es el país con el mayor número de desplazados en el mundo, sólo en 2006, alrededor de 34 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares a raíz de los conflictos armados que se viven en esa tierra, de las cuales 16.500 eran menores de edad. La mayoría vive hoy en condiciones de extrema pobreza. Aunque el desplazamiento es un problema mundial, en Colombia cada vez son más las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por culpa del conflicto armado. Estos refugiados, en la mayoría de los casos, llegan a las grandes ciudades en búsqueda de ayuda del Gobierno. Sin embargo, muchos terminan sin techo, sin alimento y pidiendo limosna en los semáforos. Colombia tiene cerca de tres millones de personas obligadas a dejar sus hogares a causa de los conflictos armados, según la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (Acnur). Tan solo en 2006, 34.100 personas fueron desplazadas de sus hogares, dentro de las cuales 16.438 eran menores de edad.
En total, más de 2 millones de niños colombianos son víctimas del desplazamiento forzoso, ocasionado por la violencia que azota al país, y la mayoría de ellos viven en condiciones de extrema pobreza.
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/// fragmento tomado del articulo: Colombia es el país con el mayor número de desplazados en el mundo. por Paula Medina P. >> articulo completo aqui
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Ver Contaminación por Carbón en un mapa más grande
Contaminación del aire y el mar con polvillo de carbón
En cuanto a la afectación de la calidad del aire con partículas de mayor tamaño (PST), comúnmente identificadas como polvo, los lugares más contaminados de Colombia son: Cazucá en Bogotá; Soacha, Sibatè y Zipaquirá en Cundinamarca, Autoposta sur en Bogotá, el noroccidente de Medellín e Itaguí y las zonas de influencia del carbón como El Cerrejón, Santa Marta y La Jagua de Ibirico.
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Si contaminar cuesta menos, contaminemos
…Las mulas que traen el carbón de Cesar lo descargan en los patios de Prodeco, una cinta transportadora, cargada por grúas, lo lleva hasta las barcazas que, a su vez, lo transbordan a los barcos que lo transportan a Europa o a Estados Unidos.
Es decir, aquí el carbón es cargado y descargado cuatro veces: de la tractomula al patio, del patio a la cinta, de la cinta a la barcaza y de la barcaza al barco.
Cada paso libera carboncillo que el viento arrastra hacia el mar y hacia la costa: los turistas encuentran en la playa una línea delgada de polvo negro que va marcando el ir y venir del mar. Negro también es el polvillo que percude las sábanas y los manteles de los hoteles. El gobierno local desconoce la demanda al ignorar el efecto del puerto sobre las costas. Un efecto que es más grande y dañino si se mira la estela de carboncillo que van dejando las tractomulas desde la Jagua de Ibirico y el Cerrejón hasta el Puerto de Prodeco. Al que se sumó, una década más tarde, el puerto de la Drumond.
Aunque parezca mentira, son puertos separados, que en vez de un daño hacen dos. Como dos son los medios que usan para transportar el carbón de la mina a los puertos: la Drumond no usa camiones, sino tren. El famoso tren al que cantó Escalona –“que sale, por la zona pasa, y de tarde, se mete a Santa Marta”– y que tantos milagros hizo ver a Gabo en Aracataca. Ese tren es hoy, en la práctica, un tren privado que arrastra 100 vagones llenos de carbón cuatro veces diarias. También, por supuesto, deja la estela negra sobre la vegetación, los pueblos, los acueductos, la Ciénaga. El carboncillo es el único producto de la explotación carbonífera que las comunidades reciben.
Sin duda, la peor parte la llevan los pescadores y sus familias, que se declaran desplazados por los puertos. Las empresas alegan, como siempre, razones de seguridad; temen dos cosas: que una barcaza o un barco embista una canoa y la destroce con todo y tripulantes; o que los tripulantes sean terroristas y vuelen una de las enormes naves, con todo y carbón. En este caso, los expertos en medio ambiente contratados por las empresas podrían alegar el daño que el carbón caído en el bento –así llaman al lecho marino– si no fuera porque en esa zona se han hundido barcazas….
…Es difícil explicar por qué el Gobierno central no ha logrado imponer su autoridad ambiental en la región, teniendo todos los instrumentos legales en la mano.
Hace un tiempo se autorizó la creación de un puerto único carbonífero para evitar que cada aristócrata local, dueño de una bahía, construyera un puerto, pero las compañías optaron por los enclaves privados. “Si contaminar cuesta menos, contaminemos, que el Gobierno tapa”, parecería ser la lógica que se impone.
Si a los pobladores y pescadores afectados por el transporte y el embarque de carbón ni las compañías ni el gobierno les cree, a los científicos que trabajan en Punta Betín, tampoco. En efecto, hace ya varios años que Invermar ha expuesto con escrupulosidad y equilibrio los efectos producidos por la operación de los puertos carboníferos. El instituto es quizá la principal víctima de las secuelas –casi todas nefastas– porque, para su desgracia, los empresarios samarios decidieron construir un muelle para cargar el mineral en la zona portuaria de la bahía.
Desde la Avenida Bastidas se ven las enormes pilas de 50 metros de altura como depósitos para alimentar las llamas eternas del infierno. Las estribaciones de la Sierra que separan a Santa Marta de Taganga también se ven afectadas del negro lúgubre que delata al polvillo.
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